Por décadas los usuarios de las carreteras de cuota del Estado de Mexico han sufrido abusos del gobierno federal y de las empresas privadas concesionadas al cobrar elevadas y opacas tarifas de peaje.
Y las vías de cuota del área metropolitana que conforman el Estado de México y el Distrito Federal, son ahora el mejor ejemplo de estos abusos, señala el Colegio de Ingenieros del Valle de México.
Ante la falta de inversión en transporte público y en vías de comunicación en esta metrópoli, desde hace varios años el Valle de México se convirtió en un buen negocio para los concesionarios, políticos y funcionarios públicos, asegura Manuel Ortiz Cobalto, miembro de este Colegio.
Como ejemplo puso a la constructora española OHL que tiene la concesión de buena parte de las autopistas de cuota que atraviesan la geografía de la ciudad de México y de la zona conurbada del Estado de México.
Refirió que llama poderosamente la atención el crecimiento en las tarifas de peaje. Por ejemplo en el Viaducto Bicentenario –que va del Toreo de Cuatro Caminos a Tepalcapa- la tarifa pasó de 1.37 pesos por kilómetro en 2011, a 3.39 pesos por kilómetro al día de hoy.
Un incremento de 147%, casi seis veces superior al incremento de la inflación en este periodo. Así que la tarifa original de 30.14 pesos por todo el recorrido se fue a las nubes, hasta 74.76 pesos.
Una historia igual se da en el Circuito Exterior Mexiquense cuya tarifa se incrementó 80% entre 2011 y marzo de 2017. El costo por kilómetro pasó de 1.77 pesos a 3.24 pesos.
Como se puede ver, los incrementos en las tarifas de peajes de las autopistas concesionadas del país han sido un verdadero abuso para los usuarios en los últimos años y de manera particular lo son más aún en el área metropolitana del Valle de México y en algunas otras zonas del país, refiere el entrevistado.
El problema no solo estriba en que éstas son tarifas excesivamente altas, incluso en comparación internacional, sino que el número y monto de sus incrementos se dan con absoluta opacidad, dijo el ingeniero Ortiz Cobalto.
Afirmo que en este asunto de las concesiones carreteras no parecen existir contratos que salvaguarden el interés público, ni mucho menos que protejan a los usuarios de las autopistas de los abusos que han venido sufriendo.
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