De acuerdo a Impunidad Cero ubico a la Fiscalía General del Estado de México, en el índice de desempeño en materia penal en el lugar 29 de 32 que se analizaron.
De acuerdo al investigador de este organismo Guillermo Raúl Zepeda Lecona, en un informe que dio a conocer el pasado mes de noviembre, sobre el Ranking de Fiscalías y procuradurías estatales en México, las autoridades mexiquense tardan 177.79 minutos en atender a un ciudadano que acude a interponer una denuncia, lapso que la coloca en el sexto peor lugar en todo el país.
En cuanto a presupuesto per cápita, en procuración de justicia, el Estado de México se encuentra en el octavo más bajo.
La entidad cuenta con 3.6 ministerios públicos de competencia local por cada 100 mil habitantes, lo que ubica a la Fiscalía General mexiquense como la tercera que menos tiene a nivel nacional.
Este reciente informe de la organización Impunidad Cero, afirma que los ministerios públicos mexiquenses son los que más carga de trabajo tienen a nivel nacional y en efectividad en las carpetas de investigación la Fiscalía General en el Estado de México, solo tiene un 12.4 por ciento.
Solo el 39.7 de los habitantes en la entidad, tiene alguna o mucha confianza en los ministerios públicos.
La investigación que encabezo el doctor en derecho Raúl Zepeda Lecona, que es pionero en estimar la impunidad en México en la Obra “Crimen Sin Castigo”, se ha dedicado desde hace 20 años al diagnóstico, propuestas búsqueda y documentación de buenas prácticas en el sistema de justicia.
Los indicadores que se tomaron en cuenta para la evaluación de las Fiscalías o Procuradurías en 32 estados fueron: la capacidad instalada de estas dependencias, los recursos que dedican a la atención de las personas y al esclarecimiento de los hechos denunciados como el desempeño, los resultados y la percepción de los delitos, sobre todo del homicidio, y los de mayor impacto social.
Además se estudiaron distintas variables de gasto en procuración de justicia, porcentaje de denuncia, resolución de los casos y capacidad investigativa para poder ordenar a las entidades del país según la calidad de su sistema de impartición de justicia.
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